Peligroso: Recursos cree que Quelín armó una causa contra policías

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El Juez de Las Heras había procesado a más de 120 policías por la retención de servicios de 2016 y los había acusado de varios delitos. Sin embargo, el Juzgado de Recursos de zona norte pidió la nulidad de todo y reclamó al TSJ una sanción para Eduardo Quelín.

La causa se inició por las protestas y quites de colaboración que la Policía hizo en 2016, con el respaldo de la Asociación Policial, que tuvo mayor adhesión en la zona norte.

Recién en agosto del año pasado, el juez de Instrucción, Eduardo Quelín, procesó a un total de 137 policías a los que embargó por un monto de $150 mil cada uno.

El reclamo de los policías tenía que ver con mejores condiciones de trabajo, como la provisión de uniformes, además del pago en tiempo y forma. Hechos como ese, que implicaron retención de servicios y que dos años antes habían terminado en un auto-acuartelamiento, no volvieron a suceder, básicamente porque el Gobierno no estuvo nunca interesado en hacer buenas migas con la Asociación Policial, que supo tener un fuerte acompañamiento del Gobierno anterior.

Ahora se conoce el fallo del juez de Recursos Miguel Angel Meyer, que destroza los escuálidos argumentos a los que echó mano Quelín para sostener la causa contra los policías.

En su fallo, Meyer cita a Zaffaroni, pero también al Tribunal Superior de Justicia, que en la causa Perancho ya dijo que la intervención del Poder Judicial “debe definitivamente ser prudente, en particular del fuero penal, frente a los reclamos sociales”.

La doctrina del caso “Perancho” es básicamente hoy, un criterio de Casación santacruceña, en donde los vocales del TSJ le recomiendan a los Jueces que sean prudentes a la hora de disponer de la privación de libertad de personas, cuando se encuentran ante un panorama de conflicto social, ya sea un reclamo frente a un municipio, en rutas o lugares de trabajo.

La versión de los policías que se habían adherido a la protesta en 2016, es que lo hicieron ante el malestar por el pago parcial y fraccionado de aumentos, por la falta de armamentos y prácticas profesionales, la falta de provisión de uniformes, además de discusión salarial en paritarias.

Su reclamo era con concurrencia al lugar de trabajo,  donde se mantenían las guardias mínimas, pero Quelín los acusó del delito de “abandono de destino”, tipificado en el artículo 252 del Código Penal.

Sin embargo, para el Juez de Recursos, su colega nunca acreditó que los policías hubieran abandonado su lugar de trabajo, y aclaró que “sólo hubo un simple quite de colaboración en algunas tareas”.

De hecho, en el expediente declaró una mujer policía, Paola M., que fue procesada cuando ni siquiera se había plegado al quite de colaboración.

“A lo sumo el comportamiento de los procesados podría derivar de una sanción administrativa, como por ejemplo, el hecho de no llevar el uniforme, pero dicha falta no puede constituir, bajo ningún punto de vista, un ilícito penal. Además la provisión de uniforme era uno de los reclamos” se lee en el fallo de Meyer.

“El juez (por Quelín) confunde ilícito penal con falta administrativa, porque los acusa de no tener uniforme…Además, la actitud del Juez denota cierto desconocimiento sobre las circunstancias históricas de la institución policial, como que es el Estado quien debe brindar los elementos para el cumplimiento de la función, es decir que debe dotar de uniforme a los policías, cosa que no sucede en los hechos”, agrega Meyer.

El Juez de Las Heras también procesó a los policías por el delito de “incumplimiento de deberes a su cargo” y “omisión de deberes de oficio”. Entendiendo que se habían negado a cumplir con su tarea cuando se los necesitó.

En este punto, para Meyer, el juez de Instrucción no pudo probar eso, y aclaró además que “por esa época hubo robos e incendios y ellos actuaron”.

Quelín también le metió a los policías el delito de “coacciones simples” porque, por ejemplo en Perito Moreno, ingresaban a las comisarías tocando el bombo. Pero “no hubo amenazas para obligar a otro a hacer o tolerar algo en contra de su voluntad” dice Recursos.

“En esta causa, el Sr. Juez de Instrucción, incurrió en la penosa tarea de rastrillar tipos penales para enchufar conductas que no encajan en el Código Penal”, dijo Meyer en uno de sus párrafos más duros contra Quelín, al que le dijo que le faltó “un análisis exhaustivo que le de sustento fáctico y jurídico a la decisión de procesar a los policías”.

El Juzgado de Recursos desacreditó toda la “investigación” del Juzgado de Las Heras porque le faltó “un análisis contextual de los hechos, criminalizando comportamientos que importan en el ejercicio legítimo del derecho a protesta”.

En definitiva, “las irregularidades” de la investigación de Quelín, son para Meyer  tan graves que “ameritan la intervención del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia”, y dispone la remisión de una copia de su fallo, en el que declaró nulas todas las actas y revocó los 137 procesamientos.

Vale recordar que la vía administrativa contra de los policías terminó el 20 de abril, cuando se conoció el Dictamen de la Jefatura de Policía que sancionó a los policías que se plegaron  a las medidas de fuerza con, entre 21 y 31 días de arresto, según su grado de participación.

Tiempo Sur

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