La crisis de la seguridad pública en Argentina

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Cada día los argentinos nos levantamos y nos acostamos con la amarga sensación que el Estado ha perdido definitivamente la capacidad de garantizar a los ciudadanos de esta Patria el goce y el ejercicio de algunos derechos fundamentales; como el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad y a la privacidad y el derecho más elemental a la propiedad privada.

 

Junto con eso, el mero sentido común de la población genera –con la fuerza de la evidencia que no acepta discusión- la certeza de que esa carencia del Estado esta directamente relacionada con la ausencia absoluta del Imperio de la Ley como mecanismo regulador necesario de la vida de la sociedad.

La certeza de que el Estado no está en condiciones de hacer respetar la Ley viene a reforzar otra convicción social largamente extendida: la impunidad es la única norma que se aplica en las relaciones sociales de los argentinos. Pero la certeza de que el Imperio de la Ley es una utopía[1] inalcanzable para los argentinos, afecta también directamente la posibilidad de que los argentinos podamos construir un sistema de convivencia democrática acorde con el ejercicio pleno y consistente de los derechos de ciudadanía más elementales.

La demanda por la plena vigencia de un sistema de seguridad ciudadana es, entonces, uno de los síntomas más evidentes del colapso de nuestra propia democracia a casi veinte años de su reinstalación.

La prevención del crimen y la violencia:

El concepto de prevención del delito es ampliamente mal entendido en Argentina. El debate nacional sobre el crimen y la violencia, trata habitualmente a la “prevención” y a la “represión” como conceptos mutualmente excluyentes, como términos opuestos de un “continuo” que va de lo “suave” a lo “duro”. Pero la ciencia de la criminología no contiene esa dicotomía[2].

El concepto “prevención del delito” se refiere a cualquier política que promueva que, en el futuro, ocurra un número menor de delitos de los que hubiesen ocurrido sin poner en práctica esa política.

Una política será preventiva cuando, tras su aplicación, se obtenga la ocurrencia de un número menor de delitos, con menor número de víctimas. No se define por las intenciones sino por los resultados.

Sin embargo, es más útil tomar una definición amplia del concepto “prevención del delito”:

La prevención del delito consiste en identificar y enfrentar a los factores de riesgo que tienen relación con el crimen (tales como la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas, el ocio y la exclusión juvenil, la existencia de pandillas, la ineficacia, obsolescencia y corrupción en las instituciones del sistema penal, etc.) y trabajar para fortalecer los factores protectivos (la escolaridad; la participación de la comunidad en las actividades de prevención; la confianza en las instituciones, en especial en aquellas relacionadas con el sistema penal; la fortaleza de las instituciones policiales y su integración comunitaria, la existencia de capital social, etc.)

Un buen diagnóstico y un buen programa de trabajo.

Es necesario contar un diagnóstico profundo sobre el fenómeno que describa la magnitud y características de la violencia y el delito en nuestro país.

Las dificultades extraordinarias que se enfrentan para obtener y sistematizar la información constituyen, en si misma, una evidencia de la gravedad del problema.

La información que existe es escasa, poco confiable, heterogénea y no está sistematizada ni centralizada.

Las encuestas de opinión de alcance nacional dan cuenta de que la población siente que el problema de la violencia y del delito se ha venido agravando con el paso de los años y que constituye, en muchas ocasiones, la principal preocupación de los ciudadanos.

Las encuestas de victimización disponibles, parciales pero de buena factura, confirman la existencia de un grave fenómeno de victimización de la población y de desconfianza sobre las instituciones responsables que conduce a muy bajos índices de denuncia (generando una enorme “cifra negra” de delitos).

En la recapitulación sobre diferentes programas de prevención en los Estados Unidos y otros países, se han encontrado formas de prevención exitosas en cada uno de los ámbitos institucionales en los que se pusieron en práctica. Es cierto que atacar al crimen desde muchos frentes al mismo tiempo probablemente ofrezca mayores oportunidades de éxito. Tal vez sea necesario poner en práctica programas simultáneos que actúen sobre diferentes ámbitos institucionales (mercado laboral, familia, policía, etc.), para lograr resultados efectivos.

Como sea, es necesario enfatizar en los esfuerzos sobre aquellos ámbitos en los que no se registran antecedentes de puesta en práctica de programas de ningún tipo.

Tal es el caso de las policías en Argentina.

La criminalidad real.

Las entidades que trabajan en el control y castigo de los delincuentes en la República Argentina generan informes regularizados sobre la ocurrencia de delitos, de cuyos datos no han producido análisis especiales ni han sido tenidos en cuenta para la formulación de políticas estratégicas contra el crimen.

La información disponible confirma que estamos en presencia de una criminalidad creciente en cantidad y contenido de la violencia con un delito juvenil en franco crecimiento.

La carencia de información confiable y actualizada en el ámbito nacional y provincial, constituyen un déficit que dificulta el diseño de políticas de prevención del delito así como la evaluación de la eficacia de los programas y acciones que se ejecutan.

La creación de un sistema de información criminal que abarque todo el ámbito nacional y el establecimiento de compromisos formales que garanticen que el conjunto de los organismos del Estado Nacional, de los gobiernos subnacionales y de la comunidad en general, tengan acceso a la información de forma transparente y actualizada, constituyen un objetivo de principal importancia.

La falta de respuestas institucionales.

La realidad delictual descripta ha puesto al conjunto del sistema penal en crisis. Las Policías Provinciales y la Policía Federal, los fueros penales de los Poderes Judiciales nacional y provincial y los Servicios Penitenciaros están sufriendo (con diferente grado y matices) crisis internas y externas originadas en su incapacidad para encontrar respuestas adecuadas a la creciente criminalidad.

Existe un fuerte descrédito de todas estas instituciones como consecuencia de esa incapacidad, agravada por problemas de corrupción y brutalidad.

El descrédito policial influye en la opinión de los ciudadanos sobre la inseguridad pública, en la investigación del Doctor Rosendo Fraga solo el 3 % de los jóvenes y adultos de la ciudad era buena/muy buena. Al ser consultados los propios policías sobre su opinión al respecto el 87% respondió que era buena/muy buena. Esta diferencia notable entre las opiniones de la población y la propia policía constituye una muestra más del quiebre de la relación entre la gente y la institución policial y prefigura una importante resistencia institucional policial al cambio. La baja tasa de denuncia de delitos encuentra en la realidad descripta una explicación racional la población no confía en la capacidad profesional ni en la honestidad de la policía que hoy le presta servicios. La población no confía en la policía tal cual esta hoy, pero mantiene fuertes expectativas favorables si se produjeran las reformas y se brindara el equipamiento necesario.

La necesidad de la reforma policial.

El fuerte cuestionamiento sobre la labor de las policías que se evidencia en todo el país no es caprichoso ni obedece a hechos puntuales. Existe en muchos casos burocratización, ineficacia y escasa profesionalidad que la población percibe tanto en lo referente a la prevención como a la investigación y represión del crimen. Los abusos policiales que van desde la mala atención hasta los apremios y casos de “gatillo fácil”, es uno de los problemas serios que afronta nuestra sociedad.

Es evidente la necesidad de producir fuertes procesos de reforma que mejoren la capacidad de prevenir y combatir el crimen por parte de las policías. Al mismo tiempo, habrá que promover acciones que contribuyan a recomponer una relación fructífera entre los policías y la comunidad a la que sirven.

Existe un amplio terreno disponible para encarar acciones en este sentido y una rica experiencia internacional de la cual extraer líneas de acción exitosas.

En los que todos parecen estar de acuerdo es que la preparación de oficiales y agentes de las instituciones policiales es inadecuada y que su equipamiento es insuficiente y obsoleto.

La participación de la comunidad y de los municipios y comunas.

En las provincias donde se ha tomado debida nota de la necesidad del cambio, las autoridades están promoviendo acciones que procuran acercar a las instituciones policiales a la comunidad. Las medidas, en general consisten en promover la participación de jefes y oficiales en consejos de seguridades barriales, departamentales y en otras actividades tales como talleres, conferencia y debates sobre los problemas de la seguridad pública.

Las autoridades, a través de diferentes iniciativas, procuran recomponer la relación entre la policía y la comunidad.

Es necesaria una descentralización efectiva, con base en el Municipio y unidades administrativas y políticas incluso menores, para el desarrollo de un fuerte compromiso comunitario con las tareas de prevención de la violencia y el delito.

Los países de América Latina, viven hoy una verdadera revolución silenciosa, que hace del municipio un ámbito central de innovación, diseño y puesta en marcha de nuevas soluciones.

En la Declaración Final de la Cumbre Iberoamericana de Municipios (Méjico-4 de Abril de 1998), realizada para tratar el tema “Municipio, Estado y la Seguridad Pública”, se establece que “los gobiernos municipales declaran su decisión de tomar una activa injerencia y participación en las cuestiones atinentes a la seguridad pública de sus ciudadanos”. Es que, “si bien en la totalidad de los países participantes, la responsabilidad formal por la gestión institucional de las policías está en manos de los gobiernos nacionales, estatales y provinciales, los reclamos por las deficiencias en materia de prevención y represión de los delitos se realizan casa vez más intensamente sobre las autoridades municipales y comunales que son las que están más directamente relacionadas con la gente”.

En el Primer Encuentro Federal de Intendentes Justicialistas (15 y 16 de Abril de 1998) organizado por el Instituto Federal de Asuntos Municipales (Ministerio del Interior), se produjo un despacho sobre “el Municipio y la Seguridad”. En él, se propone “promover activamente la creación de espacios de comunicación permanente entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, ya sea a través de rondas de consulta, consejos de seguridad ciudadana, comisiones municipales de seguridad o de la forma y modalidad que cada municipio y comuna estime adecuada según la idiosincrasia del lugar”.

La creación y el funcionamiento de comisiones de esta naturaleza, constituye una valiosa iniciativa para formalizar ámbitos de reflexión común y de participación comunitaria. Deben convertirse en herramientas al servicio de un cambio en la práctica policial hacia formas más participativas, así como en institutos comunitarios de apoyo y control externo de la policía.

Enfrentar al delito y la violencia con éxito no es una tarea sencilla. Pero no es imposible. Otros países lo están haciendo con notables resultados. Se requiere una férrea voluntad de parte de quienes nos gobiernan, políticas claras y los recursos materiales y humanos necesarios.

Argentina puede.

Los factores de la crisis.

Factores sociales y económicos: La crisis económica que se ha transformado en depresión, ha generado un sistema social de marginales que están sobreviviendo a través del delito sistemático y organizado. El perfil del nuevo delincuente define a un joven, que no ha conocido la práctica de un trabajo formal, afecto a ciertas adicciones y dispuesto a todo con tal de lograr una identidad destacada en el campo del crimen.

Factores estructurales: Las organizaciones policiales en general están seriamente cuestionadas por la población tanto por su ineficiencia a la hora de actuar para defender a los ciudadanos en medio de las crisis, como en su capacidad profesional a la hora de investigar ilícitos y atrapar culpables. Para colmo de males la sociedad está convencida que en muchos de los delitos más pequeños participan de alguna manera de las estructuras policiales. Junto con eso, la Justicia como institución es percibida por los ciudadanos como un ámbito donde los poderosos pueden ganar los pleitos, mientras que los humildes están condenados a no recibir nunca ninguna respuesta. Si a eso se le suma la aplicación de principios garantistas sin otros balances o contrapesos, la conclusión es obvia: en Argentina transgredir la ley no es una actividad demasiado costosa en términos de represión social.

Factores políticos: Los dirigentes políticos han establecido una relación perversa con las organizaciones policiales. En general, cuando están en el gobierno admiten ante todo la lógica de la corporación, defendiendo los “principios de defensa de la institución” por sobre cualquier otra consideración. Así es como comienzan por negar la gravedad de la crisis presente aceptando la validez de dudosas encuestas de criminalidad, para dejar en manos de las conducciones de las fuerzas de seguridad tanto la conducción como la responsabilidad de todo lo que ocurre en la calle. Pero también las organizaciones policiales quedan como únicos responsables de los picos de tensión social que se producen, cada vez que suceden hechos que por su dramatismo conmueven a la opinión pública. El hecho es que no se verifica un compromiso efectivo de los políticos con la resolución de los problemas de seguridad pública porque se los percibe como cuestiones que difícilmente puedan dar rédito político más o menos inmediato. Por su parte, las policías padecen a su manera la falta de un claro y consistente liderazgo político retrasando sus reformas y apareciendo ante la sociedad como los primeros responsables de las situaciones dramáticas que escriben la historia de la crisis de la seguridad pública.

Factores culturales: La persistencia de la sociedad argentina en sostenerse a través de la vigencia de una verdadera cultura de la ilegalidad es, tal vez, una de las causas decisivas de la presente crisis. Los argentinos seguimos convencidos de que es posible y necesario encontrar los mecanismos para no cumplir la ley en el momento en que sea necesario para los propios intereses. Esa convicción recorre todo el espectro social en todos los niveles, y por eso mismo está en la base de las conductas sociales de la mayoría de los argentinos. De alguna manera las conductas delictivas que ahora se verifican y la justificación cultural y social que desatan en algunos de los medios de comunicación más influyentes, son solamente el reflejo de la creencia de que es imprescindible para los argentinos concentrar la mayo cantidad de poder posible como para asegurar para cada uno y para sus parientes y amigos que no es imprescindible cumplir con las reglas.

Conclusiones:

La tarea que queda por delante es vasta. Cometería un error trágico de apreciación quien creyera que el éxito puede ser solamente el resultado de un grupo de iluminados, reflejos de audacia, que han dado con una fórmula mágica capaz de extirpar el mal más o menos rápidamente.

Se trata de curar y restaurar vínculos sociales de confianza dañados muy seriamente durante los últimos años. La herramienta policial será necesariamente decisiva en esta tarea, pero de ninguna manera puede ser la única.

El compromiso del liderazgo político con esta tarea debe ser pleno en el sentido de transformar la resolución de la crisis de la seguridad pública en uno de los activos políticos más importantes para los próximos años.

(Extracto de Informe de Emilio Ordoñez y Mario Baizán para Fundación de Estudios Políticos del Tercer Milenio )

[1] Utopía: f. Proyecto, idea o sistema irrealizable en el momento en que se concibe o se plantea. (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid)

[2] Dicotomía: f. División en dos partes de una cosa. (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid)

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