Pesca: Sin luz al final del túnel.

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Ya no quedan argumentos para seguir negando la crisis del sector. Las empresas tienen responsabilidades, del mismo modo que el Estado, sus funcionarios y los sindicatos. Nadie acusa recibo, las secuelas ya están a la vista.

En los últimos meses la protesta callejera de trabajadores de la pesca se ha transformada en la postal cotidiana del centro del Puerto Madryn. La plaza central, los tribunales y la Municipalidad son los lugares de concentración de un grupo, cada vez más creciente, de obreros de la industria pesquera que ven amenazada su continuidad laboral.

Los rendimientos económicos de la pesquería de langostino vinieron tapando, durante años, el agrietamiento de un modelo pesquero que se intentaba mostrar al país como el horizonte a seguir. El fuerte desarrollo industrial que experimentó la pesca patagónica décadas atrás se hizo en función de medidas diferenciales que ofrecía la región. Las inversiones se instalaron porque había beneficios fiscales, política promocionales de las exportaciones y el recurso langostino tenía un mercado internacional de fuerte demanda con precios altos.

Las empresas aceptaron la imposición de crear empleos por una ley que les exigía determinada cantidad de personas de acuerdo a la capacidad de captura de langostino de la flota de cada compañía. Así, se crearon plantas procesadoras con dotaciones de personal que excedían lo que realmente necesitaban, total no importaba, las exportaciones de langostino subsidiaban esos empleos y se consideraba al modelo con alta renta social.

Aquellos beneficios fiscales desaparecieron, la promoción de las exportaciones no está más, y el alza progresiva de los costos internos fue esmerilando la rentabilidad de las empresas. Ahora se suma la crisis internacional que repercute en la retracción de los habituales mercados destino de los productos pesqueros argentinos.

Mientras el langostino compensaba las deficitarias plantas procesadoras, se fue echando la basura bajo la alfombra. La dirigencia política pateó el problema para adelante, al tiempo que entre la Nación y la Provincia se atribuían mutuamente responsabilidades sobre quiénes son los padres de esta crisis, que a esta altura se reconoce huérfana.

Tampoco los sindicatos han tenido la suficiente capacidad para reconocer que el esquema productivo también fue dañado por el flagelo del ausentismo que coadyuva a que la ecuación económica del negocio pesquero haya perdido rentabilidad. En ninguna otra actividad se registra un ausentismo promedio del treinta por ciento, es una mecánica que se instauró con el consentimiento o con la vista gorda de los gremios, sin mensurar que de ese modo también se estaba socavando el sistema que cada vez pendía más de alfileres.

Por su parte las pesqueras, cruzadas por sus intereses competitivos, nunca llegaron a conformar un bloque homogéneo y compacto que con grado de sensatez y poder de gestión hiciera comprender la gravedad de la situación que se avecinaba. Hubo planteos aislados, pero al no haber podido tener entidades representativas fuertes, siempre quedaron sujetos a los humores de los funcionarios de turno, y el sindicato, casi en todos los casos, consiguió lo que quería en materia de demandas salariales, sin que pudiera contrarrestarse el flagelo del ausentismo. Además, sin política comunicacional no supieron transmitir a la comunidad en su conjunto el cuello de botella al que se caminaba a paso acelerado.

Ahora, el colapso de Harengus va a dejar al desnudo un sinnúmero de factores que pueden, tal vez, estar marcando solamente otro escalón en la debacle que experimenta el sector. Claro que aquí también debe tenerse en cuenta la falta de responsabilidad social empresaria, las situaciones de quebranto no le pueden ser solo atribuibles a factores externos, sino que supone un componente significativo de malas administraciones propias.

Con todo, antes de fin de año, varias empresas anticipan que se verán obligadas a aplicar medidas de ajuste, que como suele ocurrir en estos casos, se traduce en achicamiento de las plantillas de personal.

Chubut creía tener una ley tan fuerte como para obligar a las empresas a crear empleos ficticios, cubiertos por la renta que dejaba el langostino. Pero los últimos años evidencian que el caladero del Golfo San Jorge tiene menor incidencia dentro del esquema de capturas, ya que la mayor parte se logra en aguas nacionales y, por lo tanto, algunas empresas evalúan devolver los permisos de pesca provinciales y así quitarse la obligación legal de tener determinado número de empleos en tierra.

En lo que va de la semana, los trabajadores de Harengus transitan las calles sin destino. Las deudas crecieron, el concurso preventivo no se pagó, el directorio de la pesquera no atiende a los sindicatos, ni a los funcionarios, y las especulaciones de que el juez podría durante este mes dictar la quiebra, alimentan el estado de zozobra de 457 familias.

Ayer, un grupo de empleados se apersonó en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, y en el marco de una airada protesta, consiguió que hoy se les entreguen cheques en concepto de subsidios a razón de mil pesos por cada trabajador.

En el medio, crecen los cuestionamientos a la conducción del Sindicato de la Alimentación, el malestar entre la gente es cada vez mayor. Algunos sostienen que se dejó llegar a este punto sin que nadie evite el cierre definitivo de la empresa. Hay descontento, indignación, y bolsillos vacios que crispan los ánimos de la masa de trabajadores a la deriva.

Las autoridades salientes del gobierno provincial ensayan una salida prometiendo poner en marcha un proceso de ‘Empresa Recuperada por los Trabajadores’, sin decir con claridad, que poner en marcha ese esquema llevaría no menos de seis meses tras una quiebra, de la que además no se sabe qué bienes podrían ser liquidados. Sigue habiendo verdades a medias, y mientras no se eche una mirada global sobre los problemas de fondo, no será ilógico esperar que los niveles de conflictividad se extiendan a otras empresas que planean medidas de ajuste, y justificarán las mismas en la necesidad de no repetir el caso Harengus.

El estado seguirá subsidiando a los desocupados de la pesca, mientras los verdaderos problemas de fondo se mantienen irresueltos, y los funcionarios que entran y los que salen se cruzan mutuas acusaciones que nada aportan como soluciones, sin notar que la paz social en Puerto Madryn está en riesgo.

Fuente: Nelson Saldivia – revistapuerto.com.ar

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