Tras décadas de intervención, el Gobierno giró a Diputados la normalización de la CSS

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El Poder Ejecutivo giró a la Legislatura el proyecto para ponerle fin a la intervención de la obra social de los estatales. La iniciativa llegó luego de una presentación judicial en la que le ordenaban la convocatoria a elección de autoridades. Sin embargo, el texto encierra cambios estructurales y la imposibilidad de perdonarle la deuda a los municipios.

No hubo anuncio oficial, ni mención del Poder Ejecutivo respecto de un proyecto que llega después de años de reclamos de sectores sindicales y de la oposición. Sin embargo, ya en su discurso inaugural la gobernadora Alicia Kirchner había anunciado que iba a dar ese paso hacia la iniciativa para la normalización de la obra social.

El proyecto que pone fin a la intervención de la Caja de Servicios Sociales ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados este lunes en horas de la tarde y contempla la restructuración de la ley de creación del organismo.

Veinte días antes que eso, un grupo de afiliados acudió a los estrados de Francisco Marinkovic, con un amparo mandamus para que se le exigiera al Gobierno de la Provincia que “proceda a convocar en el plazo de 60 días a elecciones de representantes por el sector activo y pasivo de la Caja de Servicios Sociales”.

Si bien para esto no era necesaria una nueva ley, el Ejecutivo habría apurado los plazos para terminar de cerrar un borrador en el que desde hacía tiempo venían trabajando los equipos técnicos junto a la Fiscalía de Estado.

El proyecto de Ley al que tuvo acceso La Opinión Austral regula la organización y funcionamiento de la CSS, así como la composición de su patrimonio y la cobertura médico asistencial y prestacional que el Estado Provincial brinda a los agentes activos y pasivos de los tres poderes.

Hay que recordar que desde su creación (25 de julio de 1964) hubo varias modificaciones y muchas disposiciones fueron derogadas “por lo que resulta necesario propiciar el dictado de un nuevo texto legal que recopile los dispositivos en vigencia, e introduzca modificaciones sustanciales tendientes a regularizar la composición del directorio y reestructurar los recursos que conforman el patrimonio de la Caja de Servicios Sociales”, se lee.

En la centralidad del proyecto está la puesta en marcha de los mecanismos legales que inicien el proceso de normalización de la CSS, estableciendo un plazo de convocatoria a elecciones para integrar los cargos electivos del directorio, titulares y suplentes.

“Así el proceso que se pone en marcha se entiende como la concreción de un anhelo largamente esperado por los afiliados tornando efectivo el derecho de los trabajadores a intervenir y participar en las decisiones de la obra social a la cual aportan solidariamente” dice luego el documento.

El nuevo esquema prevé que la obra social tenga un presidente y dos vocales que serán designados por el Ejecutivo, y otros dos vocales elegidos por los afiliados para representar a los trabajadores y trabajadoras en actividad y a quienes ya se jubilaron.

En lo que respecta a los recursos financieros que tendrá el organismo, se introdujo la facultad que va a tener el Directorio para constituir “reservas especiales de hasta 1,5% sobre los recursos disponibles”.

Entre sus artículos se puede ver que el proyecto advierte que los municipios deberán adherir al régimen de la ley con autorización de sus Concejos Deliberantes, que la CSS solamente podría ser intervenida en dos circunstancias: si se detectaran “irregularidades” en su administración o si acaso su funcionamiento se encuentre “seriamente afectado”.

¿Cómo se financiará la nueva CSS?

El artículo 18 dice que los recursos de la obra social llegarán por el aporte de los afiliados en actividad (4% sobre toda la remuneración sujeta a descuentos jubilatorios) y el mismo porcentaje aportarán los afiliados pasivos sobre los haberes.

En el caso de que el afiliado tenga núcleo familiar primario, aportará el 4% y un 60% de ese 4%, en tanto que la provincia contribuirá con un aporte del 6% de los agentes en actividad, “sobre toda la remuneración de estos sujeta a descuentos jubilatorios y la contribución de la Caja de Previsión Social, que deberá abonar el 6% por los jubilados y pensionados de dicho régimen”.

Esto, sin contar con los aportes provenientes que puedan venir por contratos que la Caja celebre, el superávit que se establezca al cierre de cada ejercicio, el importe que anualmente se fije por Ley de Presupuesto, entre otros.

¿Y las deudas municipales?

El proyecto del Gobierno Provincial pone en cabeza del Ministerio de Economía la creación de una cuenta especial que se compondrá “con los fondos provenientes de la deuda que los entes provinciales, municipales y otros adheridos a este régimen, tengan con la CSS”.

Además, ese Ministerio tiene ahora que gestionar “el recupero” de los fondos, con una aclaración importante: las deudas en aportes “no podrán ser compensadas”, cosa que, a comienzos de año, intentaron instalar desde algunos municipios.

Es por eso que ayer, luego de que este diario diera a conocer la novedad, el jefe del Bloque oficialista le dijo a Radio LU12 AM680 que la iniciativa girada por la gobernadora no fue intempestiva, sino que “se venía charlando con los intendentes para tener una nueva Ley de Coparticipación y que todos los municipios se hagan cargo del pago de la Caja de Servicios Sociales y de la Caja de Previsión Social”. Explicó que “cuando el dólar estaba $ 18, las dos prepagas más importantes del país invertían per cápita entre $ 70 y $ 80 y el Gobierno de la provincia a través de su Caja de Servicios Sociales invertía $ 200 pesos per cápita. Una diferencia abismal”.

Fuente: La Opinión Austral.

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