Caleta Olivia: Fue testigo de un homicidio y hace cuatro años vive un calvario.

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Se trata de un caletense que en 2015 ayudó a identificar a los responsables de un cruento asesinato en plena calle. Su testimonio fue crucial en el juicio y desde entonces, vive una vida miserable. Le balearon la casa, se la incendiaron con él adentro, perdió trabajos y no pudo seguir viendo a su hijo. ¿Quién lo protege?

Rubén vive en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, un sector populoso ubicado al sur de la ciudad. Hace cuatro años viene haciendo presentaciones en la Justicia para lograr medidas de protección, ya que familiares y amigos de un grupo de delincuentes a los que él ayudó a condenar se la tienen jurada.

En el año 2015, Rubén atestiguó en una causa en la que se investigaba el homicidio de un joven, al que le partieron botellas de vidrio en la cabeza; más tarde, tuvo que dar su testimonio en el juicio que terminó con condenas altas a los responsables.

Desde entonces, familiares y amigos de los condenados se ocupan de cobrarse la ayuda que les dio a los investigadores. Lo amenazan de muerte, lo hostigaron reiteradas veces en la calle y en los lugares de trabajo que tuvo, reiteradas veces rompieron los vidrios de su casa, se la prendieron fuego, la balearon y lanzaron lluvias de piedras, le rompieron el coche y, aunque tuvo consigna policial, nada hizo que se detuvieran.

Uno de los episodios más fuertes fue el 17 de febrero a la madrugada. Rubén y su familia estaban durmiendo cuando “escuchamos el estallido de los vidrios, eran seis agresores, todos vecinos del barrio y familiares de los condenados”, se lee en el reporte que hizo, que además cuenta cómo la Policía se tuvo que ir del lugar al recibir agresiones.

Con esa denuncia pidió medidas de protección que no resultaron y por eso demandó al Estado santacruceño para que se le ordene “disponer las medidas que resulten pertinentes para que se nos garantice la permuta de la vivienda, que oportunamente se nos ha adjudicado en esta localidad, con otra ubicada en otra localidad que se designe dentro de la provincia, a los fines de que podamos cambiar nuestra residencia”.

Para Rubén, la solución es que el IDUV le cambie la casa que tiene, aunque la pregunta es ¿qué sucedería si acaso Rubén no tuviese una vivienda del Estado? ¿No habría solución?

Las condiciones de vida de él como víctima de hostigamiento y amenazas de muerte constante desmejoraron drásticamente, al punto tal que tiene un hijo al cual ya no puede ver porque la madre teme que le hagan algo.

Supo trabajar en el CIC de su barrio, más tarde consiguió que lo tomaran en un estudio jurídico, pero tuvo que dejarlo porque “era interceptado a diario por mis hostigadores camino al trabajo, o bien mantenían guardias afuera de las oficinas, a la espera de mi salida, persiguiéndome hasta mi domicilio”, sostuvo e incluso “en más de una oportunidad debí dejar de realizar trámites en el centro, escaparme y resguardar mi persona”.

La última denuncia que hizo fue el 25 de junio, después de que las mismas personas le balearan la casa estando él y su familia dentro de la misma.

“No hemos podido vivir pacíficamente desde hace aproximadamente cuatro años, nos mantenemos resguardados en la vivienda todo el día”, dice luego en la demanda. Además afirma que estos hechos generaron un desgaste familiar, “provocando en cada uno de nosotros peleas, distanciamiento, profunda angustia, tristeza, frustración y deseos de no vivir más”.

Fuente: La Opinión Austral.

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