Santa Cruz sigue perdiendo regalías a pesar del nuevo «reperfilamiento» del Gobierno Nacional

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El presidente Mauricio Macri parece decidido a gobernar durante el último tramo de su mandato vía decretos de necesidad y urgencia. Al DNU publicado el domingo sobre las medidas para regular la cuenta capital (la entrada y salida de dólares del sistema financiero), ayer se sumó uno nuevo para corregir la norma que había pisado el tipo de cambio para la comercialización interna del barril de petróleo.

Según el nuevo texto, el crudo ya no se comercializará a 45,19 pesos por dólar, sino a 46,69 pesos, un incremento del 3,3% en relación al DNU 566/19. De todas maneras, las provincias productoras de hidrocarburos seguirán con la pérdida de recursos, ya que el actual precio del billete norteamericano ronda los 59 pesos, cotización al cierre del lunes.

Por esa diferencia (59 contra 46), la provincia de Santa Cruz dejaría de recibir 400 millones de pesos por mes en concepto de regalías. Tan arbitrario y unilateral es el manejo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que, hasta el momento, no envió ninguno de los DNU firmados al Congreso para ser tratados por la Comisión Bicameral correspondiente.

El viernes de la semana pasada, las principales operadoras del país -Tecpetrol, Pluspetrol, Vista Oil y Gas, Sinopec, PAE e YPF- mantuvieron una reunión con el secretario de Energía, Javier Iguacel, donde se discutieron algunas de las medidas publicadas ayer en el Boletín Oficial. Una de ellas fue el pago de un subsidio a las operadoras para mejorarles el tipo de cambio y, por ende, su rentabilidad. Según la agencia EcoJournal, especializada en economía, energía y minería, las empresas habían rechazado el subsidio por temor a no cobrarlo, ante la posibilidad cierta de que el macrismo deje el Gobierno a partir de diciembre. De todas maneras, el PEN avanzó con la iniciativa.

El Estado Nacional les pagará a las operadoras 2,81 pesos por dólar, lo que equivaldría a fijarles un tipo de cambio a 49,5 pesos. “Este monto agrega un 6% de aumento al barril, por lo que se acumula un 9,54% de mayor precio a los productores. El costo fiscal de esta transferencia es de 1.550 millones de pesos”, informó el Gobierno ayer por la mañana. El subsidio estaría vigente sólo por 30 días.

Según la comunicación realizada por el PEN, las operadoras deberían liquidar regalías a las provincias con un tipo de cambio a 49,5 pesos. Sin embargo, en el mismo momento en que el Gobierno informaba de estos cambios, algunas operadoras se comunicaron con las provincias productoras para “avisarles” que liquidarían regalías a 46,69 pesos por dólar.

¿Por qué la diferencia entonces? Hasta ayer a la tarde no había ninguna resolución firmada (ni notificada) sobre dichos subsidios. Probablemente las operadoras esperarán una nueva resolución de la Secretaría de Energía donde quede establecido el subsidio que les prometieron el viernes pasado, ya que nada de esto quedó comprendido en el nuevo DNU. Ya sea a 46,69 pesos por dólar o 49,5 pesos, las provincias seguirán perdiendo recursos.

En el mismo DNU del lunes, el Gobierno liberó el precio del canal mayorista, que representa el 17% del total del volumen de combustibles volcado en el mercado interno. Por otro lado, los precios en el surtidor deberían quedar “congelados” hasta el 13 de noviembre.

“Son decisiones inconsultas que afectan las finanzas provinciales y a las empresas de servicios petroleros, impactando de forma directa sobre los empleos. La reacción de las provincias de ir a la Corte fue correcta. Al congelar dos variables (tipo de cambio y valor del barril que se utilizan para el cálculo de regalías), las petroleras ya reprogramaron sus actividades, afectando a las pymes y a los empleados. En definitiva, se modificó el modelo de ingresos de cada provincia que era calculado a precios internacionales sin acuerdos previos. Como mínimo, deberían explorarse compensaciones o un seguro de cambio por las pérdidas”, sostuvo a La Opinión Austral Rubén Zárate, especialista en políticas de desarrollo regional.

Entre diciembre de 2015 y el mismo período de 2018, el sector petrolero recortó fuertemente sus inversiones en toda la cuenca del golfo San Jorge, en parte por la quita de incentivos de la Alianza Cambiemos y otra para redireccionar recursos hacia Vaca Muerta.

Según las declaraciones juradas presentadas por las operadoras ante la Secretaría de Energía, las inversiones realizadas en 2015 en toda la cuenca del golfo San Jorge fueron de 3.186 millones de dólares. Al año siguiente recortaron inversiones en un 43% (1.791 millones). En 2017 invirtieron todavía menos: 1.439 millones y el año pasado, 1.433 millones. El saldo fue un menor nivel de producción y problemas en el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Entre enero y agosto de este año (sin terminar de consolidar los datos del último mes), la producción cayó un 3,2% en comparación con el mismo período del año pasado.

Menos recursos

Macri solía jactarse de encabezar el “gobierno más federal” de la historia por los niveles de coparticipación distribuidos. Es verdad que la masa coparticipable creció en los últimos años, pero solamente dos jurisdicciones fueron las más agraciadas por el “federalismo cambiemita”.

En el período 2015-2018, los recursos hacia las provincias registraron un incremento de 96.757 millones de pesos, pero su distribución no redundó en el federalismo declamado por el Gobierno Nacional. Según el Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf), la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se llevaron el 72,6% de la suba total de la coparticipación.

¿Y qué ocurrió en la primera mitad de 2019? En el acumulado de enero a junio, todas las provincias tuvieron un resultado negativo si se comparan los recursos recibidos deflactados con la inflación acumulada. La única jurisdicción que arrojó un resultado real positivo fue Buenos Aires. En ese sentido, según el análisis realizado por el Iaraf, Santa Cruz tuvo una caída real de la coparticipación del 4,3% en comparación con el primer semestre de 2018 (coparticipación deflactada con el IPC nacional del Indec).

Entonces, el Gobierno Nacional aumentó de manera discrecional la coparticipación hacia CABA y PBA -en detrimento del resto de las jurisdicciones- y no dudó en quitarles recursos a las provincias (ahí sí aplicó el federalismo) para financiar el rojo de su administración. Y los ajustes presupuestarios fueron vía DNU.

Con los cambios a las apuradas y realizados de manera unilateral en Ganancias, Monotributo e IVA, la provincia de Santa Cruz dejará de recibir 522 millones de pesos entre agosto y diciembre de este año, según datos desagregados por la Comisión Federal de Impuestos.

Fuente: La Opinión Austral.

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